MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA PARA
UNA MEJOR GESTIÓN DE GOBIERNO
Han transcurrido varios años de la emisión de un conjunto de leyes y normas en favor de la participación ciudadana con el propósito de hacer más democrática, legítima y eficiente la gestión pública. A pesar de algunas limitaciones referidas a la calidad de la participación o la representatividad de la sociedad civil, hay avances importantes en aspectos como la vigilancia ciudadana o el presupuesto participativo.
La participación es un derecho pero también una responsabilidad y, en ese sentido, hay muestras claras de un sector importante de la población por participar a través de sus representantes. Sin embargo, las limitaciones más saltantes tienen su origen en las propias gestiones de gobierno regional o local que no terminan de reconocer los beneficios para el desarrollo que implica incorporar decididamente a la población organizada en los procesos de decisión de los asuntos públicos. Muestra de ello es la ausencia de un Plan (y menos de un sistema) de Participación Ciudadana, así como el estado de los diversos Consejos Regionales Sectoriales de Concertación (Salud, Pymes, Educación, entre otros), que son presididos por los funcionarios del Gobierno Regional.
Otras evidencias son la irregularidad recurrente al desarrollar procesos de Presupuestos Participativos para evitar una amplia participación de la sociedad civil; la falta de apoyo a los comités de vigilancia ciudadana; la inoperancia práctica del Consejo de Coordinación Regional o Local, o los pocos esfuerzos desplegados por contar con una amplia participación de la población en las jornadas de rendición de cuentas.
A la base de esta situación se encuentra una racionalidad basada en el criterio de que la gestión pública es un asunto sólo de especialistas o de actores políticos que “ganaron” las elecciones y su “derecho” a gestionar el desarrollo local o regional. Algo de eso hay, ciertamente. Pero, los principios de democracia, equidad, inclusión, eficiencia o transparencia que deben guiar la gestión pública requieren de la participación de la ciudadanía, de allí el marco legal-normativo vigente. En tal sentido, se requiere superar esta racionalidad que ve en los ciudadanos y ciudadanas, beneficiarios o clientes, inclusive opositores, que deben ser atendidos en sus demandas desde una lógica asistencialista o clientelista para tener una relativa “paz social” en sus ámbitos de gobierno.
Mantener está lógica impedirá aprovechar las ventajas de la participación y su aporte con propuestas, mecanismos de control, mayor transparencia, combate a la corrupción o mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos; en suma a una mejor gestión de gobierno que se traduciría en mejores indicadores sociales y económicos, así como en una mayor institucionalidad que debe estar a la base de todo proceso de desarrollo sostenido. Conviene entonces a las futuras gestiones de gobierno impulsar, entre otras, las siguientes medidas:
- Implementar un Sistema de Participación Ciudadana
- Promover políticas orientadas a fortalecer las organizaciones sociales y sus niveles de articulación para contar con mejores interlocutores.
- Reactivar de manera práctica los Consejo de Concertación Regionales desde la promoción de una cultura de la concertación y el diálogo.
- Respaldar a los Comités de Vigilancia y Control a fin de contar con aliados en un combate franco contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
- Capacitar a autoridades y funcionarios en estrategias para una gestión pública participativa y cómo obtener sus mayores beneficios.
- Garantizar la inclusión de sectores tradicionalmente relegados de las decisiones públicas y los beneficios del desarrollo, que supone promover criterios de justicia y equidad en la gestión.
- Establecer mecanismos claros y sencillos para recoger los diversos aportes de la población (propuestas de ordenanzas, proyectos, información, etc.)
Desde la sociedad civil debe madurar una corriente de opinión en favor de una mayor demanda y propuestas para hacer efectiva una gestión pública participativa en la que todos y todas asumamos nuestras responsabilidades y compromisos con el desarrollo de nuestra región.
