En los últimos años, en nuestro país, se ha iniciado un proceso de descentralización, que constituye hoy en día, uno de los principales retos, dado que supone una reforma del Estado que busca promover el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de mecanismos de control y transparencia, la rendición de cuentas, la supervisión por organismos autónomos y competentes y el desarrollo de iniciativas de vigilancia ciudadana.
En tal sentido, la promoción de una vigilancia ciudadana orientada a contribuir al ejercicio transparente y responsable de la función pública constituye uno de los ejes prioritarios del proceso de descentralización. Desde ese entonces son múltiples las normas legales que establecen derechos y obligaciones de los ciudadanos(as) para participar en los distintos campos de la promoción y gestión del desarrollo local.
Dichas normas presentan los principios y objetivos que orientan la participación y control ciudadano tanto de parte de las autoridades y por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en forma individual entre las que podemos destacar, Existen diferentes normas como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867; Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056; Ley de los derechos y participación y control Ciudadano N° 26300; donde se señala el marco jurídico de uno de los más importantes mecanismos de participación ciudadana como es la vigilancia ciudadana.
Entre los componentes priorizados en la nueva normatividad nacional, están la concertación y la participación ciudadana en la toma de decisiones, la fiscalización, vigilancia ciudadana y la institucionalización de instrumentos como el planeamiento estratégico y el presupuesto participativo. Esto supone la participación de la sociedad civil en las decisiones que determinan el desarrollo local.
En ese contexto la vigilancia Ciudadana, Es un derecho y un mecanismo de participación ciudadana cuya función es velar por la eficiencia, transparencia y participación ciudadana a través de la fiscalización de la gestión pública orientándola al bienestar y desarrollo de todos.
Vigilan el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo y la ejecución de los proyectos priorizados., y denunciar cuando se detectan indicios o irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo en la implementación de los acuerdos adoptados es parte de las funciones que cumplen. En ese sentido ha existido un cuestionamiento de las labores de los comités de vigilancia y control del PP elegidos por el escasa eficiencia de sus funciones frente a ellos habría que preguntarnos ¿ cuales son las acciones que vienen desarrollando?, ¿Qué limitaciones han encontrado para cumplir sus funciones?.
Cabe señalar, que la población ha entendido a la vigilancia y control ciudadano como un proceso de informe del avance de la ejecución presupuestal, es decir “cuánto hemos gastado”, sin embargo muchas veces no se evalúa la gestión, la planificación del proceso participativo.
No podemos hablar de los mecanismos de participación ciudadana, si no tenemos una visión clara de lo que sucede en nuestro entorno, si no evaluamos y planificamos: la organización del proceso de presupuesto participativo; la difusión a la ciudadanía de la información de la gestión del gobierno local o regional ; la respectiva publicación y difusión de los resultados del proceso de PP, así como garantizar las facilidades para el monitoreo y seguimiento del proceso a cargo del Comité de Vigilancia y Control Ciudadano.
Ante estos argumentos podemos plantear: ¿Por qué razón la mayoría los gobiernos locales y gobiernos regionales suelen información contable y no de su gestión? , ¿Acaso las autoridades perciben como una amenaza la participación ciudadana en la vigilancia de su gestión?, ¿los regidores, consejeros están cumpliendo funciones de fiscalización y la vigilancia ciudadana en los procesos participativos? , ¿Nuestras autoridades están implementando mecanismos adecuados promover la participación y vigilancia ciudadana?; Y finalmente ¿sociedad civil está haciendo respetar nuestro su derecho a la fiscalización, control y, vigilancia ciudadana?; planteamientos que llaman a la reflexión de nuestro accionar como ciudadanos frente a estos procesos de rendiciones de cuentas y esperan una pronta respuesta.
En tal sentido, la promoción de una vigilancia ciudadana orientada a contribuir al ejercicio transparente y responsable de la función pública constituye uno de los ejes prioritarios del proceso de descentralización. Desde ese entonces son múltiples las normas legales que establecen derechos y obligaciones de los ciudadanos(as) para participar en los distintos campos de la promoción y gestión del desarrollo local.
Dichas normas presentan los principios y objetivos que orientan la participación y control ciudadano tanto de parte de las autoridades y por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en forma individual entre las que podemos destacar, Existen diferentes normas como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867; Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056; Ley de los derechos y participación y control Ciudadano N° 26300; donde se señala el marco jurídico de uno de los más importantes mecanismos de participación ciudadana como es la vigilancia ciudadana.
Entre los componentes priorizados en la nueva normatividad nacional, están la concertación y la participación ciudadana en la toma de decisiones, la fiscalización, vigilancia ciudadana y la institucionalización de instrumentos como el planeamiento estratégico y el presupuesto participativo. Esto supone la participación de la sociedad civil en las decisiones que determinan el desarrollo local.
En ese contexto la vigilancia Ciudadana, Es un derecho y un mecanismo de participación ciudadana cuya función es velar por la eficiencia, transparencia y participación ciudadana a través de la fiscalización de la gestión pública orientándola al bienestar y desarrollo de todos.
Vigilan el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo y la ejecución de los proyectos priorizados., y denunciar cuando se detectan indicios o irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo en la implementación de los acuerdos adoptados es parte de las funciones que cumplen. En ese sentido ha existido un cuestionamiento de las labores de los comités de vigilancia y control del PP elegidos por el escasa eficiencia de sus funciones frente a ellos habría que preguntarnos ¿ cuales son las acciones que vienen desarrollando?, ¿Qué limitaciones han encontrado para cumplir sus funciones?.
Cabe señalar, que la población ha entendido a la vigilancia y control ciudadano como un proceso de informe del avance de la ejecución presupuestal, es decir “cuánto hemos gastado”, sin embargo muchas veces no se evalúa la gestión, la planificación del proceso participativo.
No podemos hablar de los mecanismos de participación ciudadana, si no tenemos una visión clara de lo que sucede en nuestro entorno, si no evaluamos y planificamos: la organización del proceso de presupuesto participativo; la difusión a la ciudadanía de la información de la gestión del gobierno local o regional ; la respectiva publicación y difusión de los resultados del proceso de PP, así como garantizar las facilidades para el monitoreo y seguimiento del proceso a cargo del Comité de Vigilancia y Control Ciudadano.
Ante estos argumentos podemos plantear: ¿Por qué razón la mayoría los gobiernos locales y gobiernos regionales suelen información contable y no de su gestión? , ¿Acaso las autoridades perciben como una amenaza la participación ciudadana en la vigilancia de su gestión?, ¿los regidores, consejeros están cumpliendo funciones de fiscalización y la vigilancia ciudadana en los procesos participativos? , ¿Nuestras autoridades están implementando mecanismos adecuados promover la participación y vigilancia ciudadana?; Y finalmente ¿sociedad civil está haciendo respetar nuestro su derecho a la fiscalización, control y, vigilancia ciudadana?; planteamientos que llaman a la reflexión de nuestro accionar como ciudadanos frente a estos procesos de rendiciones de cuentas y esperan una pronta respuesta.
